Desde hace tiempo el gobierno nacional viene preparando su entrada al mundo de la impunidad antes de retirarse del poder.
José María Campagnoli, un fiscal, que se encargaba de la investigación del empresario kirchnerista, Lázaro Báez, por lavado de dinero, fue suspendido de su cargo a pedido de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó.
Los datos que ponían en peligro la libertad de Báez eran muchos y totalmente comprobables y es aquí donde nos encontramos con la cara visible de la injusticia, ya que quien realmente hace bien su trabajo es suspendido de su cargo para seguir ocultando pruebas y logrando la impunidad de todos los funcionarios kirchneristas, entre ellos, la mismísima Presidenta.
Los datos que ponían en peligro la libertad de Báez eran muchos y totalmente comprobables y es aquí donde nos encontramos con la cara visible de la injusticia, ya que quien realmente hace bien su trabajo es suspendido de su cargo para seguir ocultando pruebas y logrando la impunidad de todos los funcionarios kirchneristas, entre ellos, la mismísima Presidenta.
Por otro lado, tenemos a jueces federales, como Norberto Oyarbide, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilegítimo de su patrimonio. Uno de los jueces amigo de la Jefa de Estado encargado de tapar todo tipo de corrupción.
El vicepresidente, Amado Boudou, es otro de los tantos corruptos que jamás irá preso, teniendo 54 causas abiertas en la Justicia Federal.
Dentro del gobierno nacional hoy podemos encontrarnos con una larga lista de acusados por lavado de dinero, narcotráfico y hasta red de trata.
Entre los acusados tenemos a Julio De Vido, quien fue denunciado por la diputada nacional, Elisa Carrió, en una causa que involucraba al ex presidente Néstor Kirchner como jefe de una asociación ilícita que incluyó a Jaime, Rudy Ulloa, Carlos Zannini y a los empresarios, Cristóbal López y Lázaro Báez, además podemos sumar al ex recaudador electoral, Héctor Capacciolli, Luis D´Elía, Ricardo Jaime (con prisión preventiva), Ricardo Echegaray, por instrumentación del cepo cambiario y otros 24 funcionarios y ex funcionarios kirchneristas.
Hoy en día no hay ningún caso de condena y prisión de algún kirchnerista, salvo el caso de la ex Ministra de Economía, Felisa Miceli, la cual fue condenada a cuatro años de prisión y a ocho años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho en 2007, cuando se desempeñaba como funcionaria durante la gestión de Néstor Kirchner.
El resto los corruptos se prepara para la entrada a la impunidad, al menos, por el próximo año y medio cuando volvamos a votar, pero, mientras tanto, libres para seguir cometiendo todo acto de delito sin ser juzgados, procesados y mucho más lejos aún, condenados.
El circo de la Presidenta, que se rodea no sólo de inoperantes sino también de delincuentes, pone en riesgo lo que ellos alguna vez quisieron describir como "la democratización de la justicia".
Sin justicia jamás puede existir un pleno ejercicio de la democracia.
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