Para comenzar a desarrollar el proceso por el cual fue llevada a cabo la ley de medios audiovisuales, quiero aclarar que utilicé la palabra “paradigma” para hacer referencia al nuevo panorama político y económico que se forma luego del fallo de la Corte Suprema y además para plantear los interrogantes que surgen a raíz de esta cuestión.
La Ley N° 26.522 más conocida como “Ley de Medios Audiovisuales”, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de octubre de 2009, promulgada por el Decreto 1467/2009 y reglamentada por el Decreto 1225/2010. Producto de varios años de investigación y debate.
El proyecto que fue realizado por varios profesionales expertos en temas de medios llevó a cabo esta ley donde 4 de los 166 artículos fueron lo que causaron la polémica judicial que llevo adelante el Grupo Clarín, ya que ponía en cuestión su estructura de propiedad de los medios.
Los artículos más relevantes que desataron esta controversia fueron el 41, 45, 48 y 161, poniendo en duda la ley, la cual fue llevada a una instancia superior donde la Corte Suprema de Justicia iba a ser el órgano encargado de dar el dictamen final que despejara todas las dudas en torno a esto.
Luego de 4 años, el Poder Judicial dictamina un fallo desarrollado en más de 300 páginas, donde se le da la constitucionalidad a Ley de Medios Audiovisuales y declara que la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) será la Institución que realizará las adecuaciones a la misma.
Sabbatella, Presidente de la AFSCA, es una persona muy cuestionada ya que posee relación con el gobierno nacional, quien dio inicio a este debate sobre los medios y sus monopolios, posicionándose contra el Grupo Clarín.
El fallo de la Corte Suprema llevó a la apertura de duras críticas y a nuevos análisis, también a dudas que se generaron por saber cómo se llevaría adelante las adecuaciones a las estructuras que plantea la ley y las desinversiones que deberá realizar el Grupo Clarín, ya que supera el número de licencias que permite la misma.
El Presidente de la AFSCA se dirigió hacia la empresa puesta en cuestión y expreso que dará el plazo de 15 días para que se lleven a cabo las pertinentes decisiones que hagan posible el cumplimiento de lo establecido.
Hay que tener en cuenta que la ley era necesaria ya que la que se encontraba en vigencia pertenecía a la última dictadura militar impuesta por Videla, pero estas controversias que surgieron alrededor de esta modificación en un tema de tanta importante para la Argentina, abre un nuevo escenario político y económico que pone en cuestión el proceso por el cual se llevará la adecuación.
Los interrogantes que surgen a raíz de esta polémica ley de medios son los siguientes:
¿Qué es lo que realmente se pone en juego con la nueva Ley de Medios Audiovisuales?
¿Sólo es Grupo Clarín lo que se pone en tela de juicio con la nueva Ley?
¿Qué intereses esconde el oficialismo con la Ley de Medios?
¿Por qué tantos intereses puestos en juego detrás de una Ley? ¿Qué le da legitimidad? ¿El Congreso y la Corte Suprema?
¿La Ley de Medios puede perder legitimidad si AFSCA se encarga de las adecuaciones?
¿Los medos oficialistas también harán sus adecuaciones a la ley?
Es un capítulo más de este juego de poder que comenzó hace 4 años entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín, que atenta contra la democracia y la libertad de una sociedad que decide qué consumir.
Dos polos que desestabilizan la verdadera razón por la cual llevar adelante una nueva ley de medios necesaria y que debería sacar de su eje estos reclamos abriendo al debate y la pluralidad de las demás voces que no están de un lado ni del otro. Sacar la mirada reduccionista del “blanco o negro” impuesta en la Argentina desde hace años.
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